Postura sobre posible expulsion

15 de Septiembre de 2011
En base a las declaraciones del compañero diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra a los medios de comunicación, que un servidor podría ser sujeto a un proceso para destituirme del partido, con respecto a mi actitud de votar en contra de la orden dada a mi bancada para apoyar la “iniciativa ilegal” de la compañera Rocío Corona Nakamura, del partido revolucionario institucional, debo puntualizar lo siguiente:

No existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Constitución Política de Estado de Jalisco, ni en la Ley de Servidores Públicos, ni en la Ley de Fiscalización Superior, mucho menos en la Ley Orgánica del Propio Congreso del Estado, la figura jurídica de “separación temporal” del Auditor para someterlo a investigación. Al ser inexistente la figura jurídica es improcedente e ilegal someterlo para su aprobación por el Pleno del Congreso.
El acuerdo que fue aprobado por el Pleno que se fundamenta en el dictamen de la Comisión de Responsabilidades en el sentido de presentar denuncia penal en contra quien o quienes resulten responsables “por la autorización, refrendo y recepción de pagos indebidos hechos al auditor superior del estado y demás funcionarios públicos y EXFUNCIONARIOS de este Congreso del Estado”,

Es el camino correcto y legal para encontrar a los verdaderos responsables de los supuestos pagos irregulares al Auditor, es el camino de la legalidad para que una vez cubiertos todos los procesos se instaure el juicio de procedencia penal mediante el cual el Congreso, apegado a la legalidad, separaría de manera definitiva al Auditor Superior para que sea sujeto de la investigación y de resultar responsable se aplique lo que conforme a la Ley proceda.
En ningún momento mi voto hubiera decidido el futuro del auditor, ya que por ley así como se requieren de 26 votos para nombrarlo, también se requieren 26 votos para removerlo, siempre y cuando se hubieran agotado los procedimientos que marca la ley a través de un dictamen de la Comisión de Responsabilidades, el cual debe ser presentado al Pleno y el mismo ser aprobado por 26 votos, como ya lo mencioné.

Por lo anteriormente expuesto una vez más vuelvo a reafirmar mi más profunda convicción de apegarme en todas mis acciones a la legalidad.
Mi más profundo respeto a las Leyes, que por ser Diputados representantes de la sociedad, en el Congreso estamos obligados a obedecer con mayor certeza y puntualidad.
En base a lo anterior, mediante un razonamiento jurídico sencillo y práctico puedo yo afirmar que quienes están infringiendo los ordenamientos legales y violando las leyes correspondientes son precisamente mis compañeros diputados del Partido Acción Nacional, que apoyaron y votaron a favor la propuesta de la compañera diputada del PRI de “un acuerdo ilegal, inexistente y sin ningún efecto para separar temporalmente al auditor”.

Si lo anterior no fuera suficiente para aclarar quien esta del lado de la Ley, lo único que pediría al presidente de mi partido Acción Nacional, el diputado Miguel Monraz Ibarra, ante su inquietud de separarme del partido es que por lo menos me dé derecho a la audiencia y defensa, garantía individual consagrada en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política Federal. De lo contrario muchos panistas en el Estado estarían recibiendo un mensaje diferente al discurso de unidad y respeto entre todos los que hoy militamos en el Partido Acción Nacional.