El pasado 2 de julio el Dip. Héctor Álvarez presentó Denuncia de Hechos en la Procuraduría General de Justicia por hechos que considera delictivos, cometidos en agravio de los recursos del patrimonio del Estado, en contra de quien o quienes resulten responsables.
Lo anterior lo hace de manera personal, en base a los constantes señalamientos que han venido haciendo a través de los medios de comunicación diversas organizaciones sociales y dirigentes empresariales que acusan sin fundamento a los Diputados y Diputadas integrantes de la actual Legislatura por presuntos hechos delictivos y mal manejo de recursos cometidos por los exdiputados integrantes de la Legislatura 57 y 58.
Aprovechó lo anterior para hacer una invitación a todos los actores políticos interesados, a los representantes de organizaciones empresariales y a sus compañeros diputados y a todos los actores sociales, a actuar con responsabilidad y pasar de las “ocurrencias”, los “actos mediáticos y “protagonismos”, a la realización de actos responsables y concretos a través de los causes institucionales, como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en virtud de que las conductas desplegadas por los servidores y ex_servidores públicos son típicas y punibles, de acuerdo al Código Penal vigente del Estado de Jalisco.
Asimismo el pasado miércoles 6 de julio acudió nuevamente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para ampliar y ratificar la denuncia presentada el 2 de julio, dando una muestra de responsabilidad cívica y social.
Una de las pruebas que aportó en la ampliación de la denuncia fueron diversos recibos de “pago de prestaciones no disfrutadas” a funcionarios de la 57 Legislatura, a quienes se les pagó precisamente el 30 de diciembre del 2006, justo días antes de terminar la misma, por lo que solicitó se investigue cuantos funcionarios más recibieron pagos por el mismo concepto incluyendo a los propios exdiputados señalados en la denuncia, con lo que se demostraría la complicidad de estos exservidores públicos señalados en la denuncia de hechos como los que aprobaron, ratificaron y procedieron a pagar dichas prestaciones a múltiples funcionarios, amparados en el acuerdo de la Comisión de Administración de la 57 Legislatura.
“Es tiempo de que una autoridad competente y ajena a los intereses del Congreso, investigue y determine en consecuencia la legalidad de los actos realizados por la Legislatura 57 y 58, y de existir responsabilidad se aplique todo el peso de la Ley contra quien resulte legalmente responsable, sin distinción de Partidos ni cargos públicos que actualmente estén desempeñando quienes fueron integrantes de esas Legislaturas” comentó el Diputado Héctor Álvarez.
Asimismo agregó: “Como lo dicta nuestra Constitución: Quien tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene la responsabilidad de denunciarlo, de lo contrario se convierte automáticamente en cómplice”.
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